Decenas de pistas falsas sembradas, pactos de silencio, asesinatos de varias personas involucradas en la causa judicial hicieron posible que la profanación de la tumba del general Juan Domingo Perón quedara impune. No obstante, desde que en septiembre de 1994 el juez de Instrucción Alberto Baños volvió a decretar el secreto del sumario en la causa 54248 y reanudó la pesquisa para tratar de encontrar a los responsables del hecho, ocurrido en junio de 1987 en el cementerio de la Chacarita, el magistrado reunió suficientes testimonios y pruebas para determinar que el robo de las manos de Perón fue impulsado por una cuestión política y que fue perpetrado por agentes de inteligencia pertenecientes a una fuerza militar, según afirmó a LA NACION una importante fuente de la investigación. Esta es la pista más firme que quedó en pie 17 años después de la profanación.
Así, quedó descartada la hipótesis del móvil económico, que indicaba que las manos del ex presidente fueron mutiladas para poder acceder a las cuentas secretas que poseía en Suiza. También se desechó la tesis que indicaba que el anillo que Perón llevaba en una mano contenía una combinación alfanumérica que permitía abrir la caja de seguridad de un banco helvético.
En enero de 1995, debido al hallazgo de un juego de llaves de la bóveda en la comisaría 29», el magistrado realizó procedimientos en el cementerio de la Chacarita para establecer si se produjo una nueva profanación de la tumba. La investigación encarada por el juez Baños también descartó la hipótesis esóterica, relacionada con las supuestas actividades espiritistas que habría desarrollado el ex ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega.
Según consta en la causa, la hipótesis del móvil político fue refirmada por Facundo Suárez, quien se desempeñaba como jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante el gobierno encabezado por el presidente Raúl Alfonsín. Suárez declaró ante el juez Baños que Alfonsín le encargó que colaborara con la Policía Federal en la investigación de la profanación de la tumba de Perón y que llegó a la conclusión de que el hecho fue cometido para crear un estado de confusión y conmoción social con el fin de perjudicar a las instituciones democráticas. La maniobra también pretendía desprestigiar al partido gobernante, la Unión Cívica Radical, y a la principal fuerza opositora, el partido Justicialista, que debían enfrentarse en las elecciones de septiembre de 1987.
La pista del móvil político que investigó Baños tiene otra arista que apunta a una interna entre quienes, en 1987, aparecían como los principales referentes del justicialismo con el fin de ganar terreno en la carrera por el liderazgo para las elecciones presidenciales de 1989.
Curiosamente, ninguno de los funcionarios que estuvieron al frente del ministerio del Interior durante la década en la que Carlos Menem fue presidente de la Nación se acercaron al juez para ofrecer su colaboración y medios para tratar de resolver el misterio sobre el robo cuando éste reabrió la causa.
La misma actitud tuvieron los ministros de Justicia menemistas.
Si bien la profanación de la tumba de Perón fue denunciada el 29 de junio de 1987, el caudillo justicialista Vicente Leónidas Saadi se había enterado tres días antes. El ex gobernador y ex senador catamarqueño recibió una carta firmada por "Hermes IAI y los 13", en la que exigía el pago de 8.000.000 de dólares por el rescate de las manos, el anillo y el sable del general Perón. A dicha misiva se había adjuntado la mitad de una hoja en la que Isabel Martínez de Perón le escribió un poema a su esposo y que había sido colocada en un marco, arriba del féretro. Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT, recibió una carta similar y la otra mitad de la hoja con el poema.
Los peritajes caligráficos demostraron que se trataba de la carta original redactada por la viuda de Perón que, antes de escribirla, había decidido dejar de firmar como María Estela Martínez de Perón por la rúbrica de María Estela de Perón, algo que sólo los integrantes del entorno conocían.
Jaime Far Suau fue el primer juez de la causa. Junto con el comisario Carlos Zunino, jefe de la comisaría 29», con jurisdicción en el cementerio de la Chacarita, viajó a Madrid para entrevistarse con la viuda de Perón. Los detalles de esa charla fueron volcados en una carpeta negra que desapareció poco después de la muerte del magistrado. Far Suau murió en noviembre de 1989, cuando el Ford Sierra que manejaba de regreso a Buenos Aires volcó en plena recta a pocos kilómetros de Coronel Dorrego. Para el juez de Bahía Blanca que investigó el episodio, no fue un accidente.
Mientras que el comisario Zunino salvó su vida de milagro cuando el balazo que le dispararon a la cabeza se partió en dos, otro de los funcionarios que más sabía del caso, el comisario general Juan Angel Pirker, jefe de la Policía Federal, murió de un ataque de asma en su despacho. La cadena de muertes relacionadas con el caso involucra a dos testigos. El cuidador del cementerio Paulino Lavagna falleció poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción, se dejó constancia de que la muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La autopsia ordenada por Far Suau determinó que Lavagna había muerto a causa de una golpiza.
María del Carmen Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, murió de una hemorragia cerebral causada por una golpiza, días después de intentar hablar con uno de los investigadores para tratar de aportar la descripción de un sospechoso que vio cerca de la bóveda.
El féretro de Perón estaba depositado en el subsuelo de la bóveda, protegido por un vidrio blindado de siete centímetros de espesor que tenía un marco de acero rectangular, con cuatro cerraduras que se abrían con tres llaves cada una. Además, la tapa de madera del féretro estaba cubierta con una plancha de metal. Cuando Far Suau y los policías revisaron la bóveda, hallaron una perforación irregular de 15 centímetros de diámetro en el vidrio blindado y la plancha de metal que había sido doblada hacia afuera.
Tanto Baños como su antecesor, Far Suau, y también los investigadores, coincidieron en que los profanadores contaban con las doce llaves del vidrio blindado, que el cadáver del ex Presidente fue mutilado con el cajón fuera del estante y que el vidrio fue perforado para sembrar una pista falsa. Tal conclusión se fundó, además, en que los diez centímetros que separan el techo del estante de la tapa del féretro no alcanzan para realizar las maniobras para cortar las manos. Por último, los investigadores del caso resaltaron que las cartas enviadas para pedir rescate por las manos de Perón contenían terminología utilizada por las fuerzas de seguridad.
¿Licio Gelli, detrás del robo de las manos de Perón?
La tumba del ex Presidente fue profanada en 1987.
Un nuevo libro sobre el caso culpa al jefe de la logia italiana Propaganda Due. Sostiene que fue un crimen ritual. Y que se hizo en complicidad con los represores de la dictadura. Mientras, aumentan las presiones para que se reactive la investigación judicial.
El reciente traslado de los restos de Juan Domingo Perón hacia el mausoleo de San Vicente —con sus tiros, piedrazos, el rictus emocionado de viejos militantes— despertó de su agonía a uno de los mayores misterios de la historia argentina cercana: la profanación, hace ya 19 años, de la tumba del General.
La aparición de un libro que llegará a las librerías en los próximos días, promete la resolución a ese formidable enigma. Y el culpable tendría, por fin, nombre y apellido: Licio Gelli, el fascista italiano que lideraba la logia masónica Propaganda Due, de gran influencia en la política argentina de los años setenta.
La tumba de Perón, que tras el golpe del 76 fue llevada al cementerio de la Chacarita, fue profanada el 10 de junio de 1987. Desconocidos abrieron la bóveda, el ataúd y con una sierra eléctrica cortaron las manos del cadáver, que se llevaron junto a un anillo, la espada militar, una capa y una carta manuscrita con un poema que había dejado sobre el féretro la viuda Isabel. Ese poema fue fragmentado en tres y sus partes se enviaron a diputados peronistas, junto a un anónimo escrito a máquina donde los profanadores avisaban de su obra y pedían un rescate de 8 millones de dólares. El anónimo llevaba una firma: "Hermes Iai y los 13", decía.
En el libro "La segunda muerte", de editorial Planeta, los periodistas David Cox y Damián Nabot sostienen que la firma de ese anónimo encierra el misterio y se sumergen en un mundo subterráneo para rastrear su significado. Consultaron libros esotéricos, husmearon en la mitología del Antiguo Egipto hasta delinear las características del ritual que intentaron —o mejor, que lograron— los profanadores. En su búsqueda encontraron: que "Hermes" es el dios de los muertos en la mitología egipcia, que "Iai" significa la rebelión en el tránsito entre la vida y la muerte, y que "13" son las partes en las que se divide el cuerpo, según creencias ancestrales, al momento de ir hacia el otro lado.
Simbología, en fin, que intentaba dar un mensaje: "La mutilación del cuerpo de Perón fue un crimen ritual", sostiene el libro, y reflota un testimonio perdido en el voluminoso expediente judicial del caso, que había hecho meses después de la profanación Leandro Sánchez Reisse, uno de los pocos que en aquellos años se atrevió a culpar a Licio Gelli y a vincularlo a "esos rituales". Sánchez Reisse carecía de credibilidad por su pasado como represor y miembro de Inteligencia militar en la dictadura. Pero en Europa había compartido un calabozo con Gelli y lo conocía bien.
Según Cox y Nabot, la profanación cumplió con un rito destinado a privar a un cadáver de alguno de sus miembros, para que el alma del muerto no pudiera completar "su tránsito hacia el más allá" en paz. Ese rito, dicen, es acorde a las creencias de la logia P2. Para esto, accedieron al archivo personal de Gelli, quien en febrero del 2005 donó toda su biblioteca a su pueblo natal de Pistoia, en Toscana. Allí dieron con libros de Cagliostro, Franck Ripel y otros expertos en esoterismo y rituales ancestrales. Hallaron incluso una carta de Gelli a Ripel, el descubridor del significado de la palabra "Iai".
¿Qué razón tenía Gelli para querer alterar la paz del fundador del movimiento político más importante del siglo XX argentino? Todo indica que se sentía decepcionado o hasta estafado por Perón, a quien lo unía una vieja relación y el auxilio de la P2 al "Brujo" José López Rega, el influyente secretario y ministro del General. Hipólito Barreiro, ex miembro de la P2, sostiene frente a los autores del libro que Perón le había prometido a Gelli la exclusividad de las exportaciones argentinas a Europa mientras durara su tercera Presidencia. Un pacto que por supuesto nunca se cumplió.
Pero no sólo eso. Los deseos de Gelli parecen haber confluído con el de los represores de la dictadura, que en aquellos años del gobierno de Alfonsín se ocupaban de generar un clima de inestabilidad para evitar el avance de los juicios por violaciones a derechos humanos. La relación de Gelli con Emilio Massera y con el jefe de Inteligencia militar en la dictadura, el general Guillermo Suárez Mason, son historia conocida pero hasta hoy nunca vinculada a la profanación. "Gelli compartía los objetivos que movían a sus socios militares para desestabilizar la joven democracia argentina", sostiene el libro.
La causa judicial donde se investiga la profanación contiene a Gelli como una de sus múltiples hipótesis, pero nunca logró avanzar demasiado. Hay, en ese sentido, una resistencia de origen: la viuda de Perón nunca creyó en esa pista, acaso porque su relación con Gelli era más intensa de la que tenía el propio Perón. "Yo no lo creo", dijo a Clarín el abogado de Isabel, Humberto Linares Fontaine, quien se muestra más inclinado a la tesis principal del expediente, la que apunta contra sectores militares. Sólo que la pista militar se toca y se cruza con la esotérica. Una parte, con la mano de obra. La otra, con el planeamiento.
Uno de los secretos mejor guardados del expediente, es que los profanadores tenían influencia o contactos importantísimos en el poder. Esto se comprueba con un solo dato: si bien los profanadores rompieron el techo de la bóveda de la familia Perón y rompieron el vidrio que protegía al cadáver, lo hicieron sólo para disimular. Las pericias demostraron que la tumba había sido abierta con sus correspondientes llaves. Eran diez en total, una para la cerradura de la bóveda y otras nueve para la puerta de vidrio de 170 kilos que protegía el frente del ataúd.
Hasta el reciente traslado del cadáver a la quinta de San Vicente —el 17 de octubre pasado—, el juego de llaves original se guardó en la Escribanía general de la Nación. Allí estuvo desde 1976, cuando la dictadura trasladó los restos de Perón desde la Quinta de Olivos hasta la Chacarita, en un gesto de desprecio definitivamente simbólico.
¿Quiénes pudieron acceder a las copias o quiénes hicieron las copias? Las conjeturas apuntaron siempre hacia organismos oficiales. "Las sospechas quedaron siempre. Pero a esta altura sólo se puede terminar de resolver el caso con un arrepentido y para eso el Gobierno debería ofrecer una recompensa", dice y pide el abogado de Isabel Perón. En similar sintonía se expidió hace dos semana la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. A raíz del traslado de los restos de Perón a San Vicente, el diputado duhaldista Osvaldo Mércuri presentó un proyecto, que fue aprobado por todos los partidos, para que el Gobierno reactive la investigación judicial, hoy sin demasiado rumbo en el juzgado porteño de Jorge Baños. "Sólo el PJ bonaerense se acuerda del robo. Pero hay que aprovechar la conmoción de San Vicente para que de una buena vez se haga algo", dice Mércuri, como si las estrellas marcaran, por algún arte oculto, que el enigma ha cumplido, por fin, su ciclo oscuro.
Segun las ultimas informaciones que pude recabar:
Un grupo comando robó el expediente de las manos de Perón
Estaba en la casa del juez de la causa
El misterioso robo de las manos del presidente Juan Domingo Perón tomó en los últimos días un cariz aún más enigmático. El juez que investiga ese episodio, Alberto Baños, acaba de denunciar que, en lo que denominó como "una operación de inteligencia", un grupo ingresó en su casa y se llevó los expedientes de los últimos nueve años de investigación.
En un oficio que incluye una pormenorizada descripción del hecho, ocurrido el domingo pasado, el magistrado puso en conocimiento de la situación a la Cámara del Crimen.
Allí explicó que tenía la causa en su domicilio porque preparaba un escrito en el que iba a reiterar un pedido al Gobierno para que dispusiera el levantamiento del secreto en los organismos de inteligencia del Estado, con el fin de que aportaran toda la información que tuvieran sobre el robo de las manos de Perón.
Baños detalló que el ex presidente Néstor Kirchner no había dado ninguna respuesta a una solicitud similar, emitida en julio del año pasado, a pesar de que en ese momento el Gobierno dejó trascender que aceptaría el pedido del juez.
¿Por qué se trató de una operación de inteligencia y no de un simple robo? El juez dio sus motivos. Precisó que los intrusos que habían entrado en su domicilio sólo se habían llevado un portafolio que contenía los cuerpos de la causa, su computadora portátil, su agenda electrónica y su teléfono celular.
"No fue sustraído ningún elemento de valor, tales como equipos de música, instrumentos musicales, alhajas, relojes ni dinero en efectivo, aun cuando varios de esos bienes se encontraban perfectamente a disposición de los intrusos", detalló Baños en su nota, dirigida al presidente de la Cámara del Crimen, Mario Filozof.
El episodio estuvo rodeado de otras circunstancias misteriosas. De acuerdo con lo que informó la empresa de alarmas "Prosegur", desde que ingresaron en la casa, los intrusos sólo tardaron cuatro segundos en desactivar los sensores de seguridad y entrar en el escritorio, donde estaban los elementos robados.
El mismo día de los hechos, un cuñado del juez, que lo había acompañado a revisar la casa después del robo, recibió varias llamadas telefónicas en las que una "voz cavernosa" le preguntaba por un tal "Justinio Valentino". Según consignó Baños, analistas de inteligencia le indicaron que el nombre era una clara referencia a quien "hace justicia" y a quien "se hace el valiente".
Con estos elementos, el juez afirmó que sin dudas se trató de una operación de "intimidación psicológica".
"Estoy desconcertado"
En diálogo con LA NACION, Baños manifestó que estaba desconcertado y que intentaría reconstruir la causa en los próximos días.
La tumba de Perón, hoy en la Quinta de San Vicente, fue profanada en el cementerio de la Chacarita en junio de 1987. Hoy, la investigación judicial, que pasó por varios juzgados, no tiene detenidos ni imputados. Los últimos acusados fueron sobreseídos en 1990. En aquel momento, Carlos Andina Allende, que había quedado a cargo del juzgado por la muerte de su antecesor, archivó la causa. El primer juez del caso, Far Suau, falleció el 25 de noviembre de 1988 en un accidente automovilístico en la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego. Su Ford Sierra se salió del camino y se estrelló contra un peñasco. Las causas del accidente nunca quedaron del todo claras.
Cuatro años después del archivo, en agosto de 1994, el juez Baños reabrió la investigación tras el hallazgo, en la comisaría 29, con jurisdicción sobre el cementerio de la Chacarita, de un juego de llaves más que particular.
La bóveda de Perón se abre a través de un sistema extremadamente riguroso: el grueso blíndex que resguarda el féretro contiene cuatro cerraduras que sólo se abren con doce llaves. Una copia de ese juego, que hoy guarda el escribano general de la Nación, Natalio Etchegaray, apareció misteriosamente en esa comisaría.
En la misma secuencia temporal del fin de semana, también fueron invadidas las casas de dos cuñados del juez, aunque en esos casos no faltó ningún elemento de valor.
Los informantes dijeron que los cuerpos del expediente robados "ya están prácticamente reconstruidos", de modo que la documentación que allí figuraba "no se va a perder".
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